Derecho de Persecución de los Acreedores en la Sociedad Conyugal
La norma que regula el derecho de persecución de los acreedores durante la vigencia de la sociedad conyugal surge del artículo 1975 del C.Civil: “Durante la vigencia de la sociedad conyugal, los acreedores de un cónyuge podrán hacer efectivos sus derechos sólo contra sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el cónyuge a la sociedad o la sociedad al cónyuge”.- (adaptado al texto del art. 4 de la ley 10783).-
El caso que se plantea es un inmueble adquirido por ambos cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal, bien de carácter ganancial administrado por los dos cónyuges.- Uno de los cónyuges contrae una deuda frente a su acreedor la que se documenta por ejemplo con un vale; incumple, y previa intimación del acreedor, éste dirige su acción contra dicho inmueble.-
Al caso en cuestión se han dado en la doctrina y jurisprudencia las siguientes posiciones:
1) No siendo el cónyuge deudor administrador exclusivo del inmueble de naturaleza ganancial, el acreedor no tiene acción contra él, ya que al cónyuge deudor no le corresponde la administración exclusiva del inmueble que es los que exige el art. 1975 del C.Civil.-
Crítica: El Esc.Enrique Arezo la descarta in límine por ilegalidad; sostiene que bastaría que ambos esposos adquirieran y, por consiguiente, administraran en conjunto los bienes gananciales y luego obligarse cada uno por separado, para, de esa manera, ponerse a cubierto de la agresión de los acreedores. Sería la creación de una inembargabilidad por vía voluntaria, contraria totalmente a derecho, ya que sólo la ley puede establecer que bienes son inembargables.-
2) El acreedor tiene acción contra el bien ganancial coadministrado por su deudor, pero hasta la mitad de esa deuda, ya que ese es el límite de su capacidad de persecución, es decir, sólo podría atacar la cuota parte del mismo que le corresponde al cónyuge deudor, o sea la mitad del bien es la que podría embargar y llevar a remate, eventualmente.-
Es la posición mayoritaria, sostenida por el Dr. Eduardo Vaz Ferreira, el Esc. Enrique Arezo, la Dra. Ema Carozzi, y la Cátedra de Técnica Notarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.-
El Esc. Enrique Arezo, (ver Rev.AEU T.90 7-12/2004 pag. 141 y sig.), sostiene, que habría que admitir que, aunque la sociedad conyugal no admite la existencia de cuotas alícuotas (coherente con su origen germánico y no romano), debería admitírsele para permitir que el acreedor persiga su crédito sobre la mitad que le corresponde por ley a su deudor, a fin de dejar a salvo los derechos intocables del cónyuge no deudor.- De esta manera, se cumple con el texto legal y el acreedor acciona sobre la mitad indivisa del bien ganancial.- Nuestro sistema de la sociedad conyugal funciona como de separación y se liquida como de comunidad.- La ley permite agredir al cónyuge deudor en sus bienes propios y en la totalidad de aquéllos que adquirió y administra exclusivamente.- En cambio, si es coadquirente y coadministrador, sólo podrá ser perseguido en sus bienes propios o en los gananciales (de esto se trata), cuya administración le corresponda al deudor y no a su cónyuge que es ajeno totalmente al crédito reclamado.- Lo mismo pasa cuando se agrede, un condominio común entre dos hermanos, que adquirieron el bien siendo solteros y de los que sólo uno es el deudor.- En este caso, el deudor responde con su mitad alícuota del bien.- Se podrá decir, y es verdad, que aquí tiene aplicación la noción de cuota alícuota que es ajena totalmente al régimen de la sociedad conyugal, pero por las razones antes indicadas, estimamos que debemos recurrir, por analogía (art. 16 C.Civil), a la idea de cuota alícuota respecto a la responsabilidad de los cónyuges frente a un acreedor de uno solo de ellos, a fin de dar, así, cabal cumplimiento al derecho de persecución de los acreedores de acuerdo al art. 1975 C.Civil.-
También es la posición de la Dra. Ema Carozzi, (ver Manual de Sociedad Conyugal pag. 199 y sig.) quien sostiene que cada cónyuge responderá por sus deudas sociales o personales con la cuota parte indivisa ganancial que él adquirió y administra.- Desde la entrada en vigencia del CGP, en virtud de haber sido derogado en derecho de retracto o de tanteo (art. 944.4 CPC), la facultad del acreedor de un condómino, ya sea que estemos ante un condominio contractual de tipo romano puro o frente al condominio que se origina en el caso de los bienes gananciales comunes, se limita estrictamente a embargar la cuota parte indivisa del condómino deudor y a ejecutar exclusivamente dicha cuota.- Según esta posición el acreedor del condómino deudor (verbigracia cónyuge administrador deudor), en ningún caso puede ejecutar, sacar a remate la totalidad del bien, para luego reservar para el condómino no deudor la cuota parte del producido de su realización, que le corresponde en el bien.- Esta posición se funda en el respeto del derecho de propiedad del condómino no deudor o del cónyuge administrador no deudor en su caso.-
En base a los principios de separación de responsabilidades y de administración separada, cada cónyuge es titular de una cuota parte indivisa del bien ganancial común, cada uno responderá frente a sus acreedores con el bien que está en su patrimonio (art. 2372 CC), que no es otro que la cuota alícuota que en dicho bien le corresponde; y cada cónyuge administra la cuota parte indivisa que indeterminadamente le corresponde en el bien, siempre dentro de los límites establecidos expresamente por la ley.- Esta posición como vemos se basa en los principios de separación de responsabilidades y el principio de administración separada, que rigen la sociedad conyugal.-
3) El acreedor puede dirigir su acción por la totalidad de la deuda contra el inmueble coadministrado por su deudor, pero reservando al cónyuge no deudor la mitad del valor de la ejecución, de acuerdo con la ley.-
Dentro de la posición tradición, ésta es sostenida por la Cátedra de Técnica Notarial, y los Escribanos Leonel Puig Márquez, María Inés Vera Mercant y la práctica Actuarial.-
El argumento de esta posición es el de que, habiendo desaparecido el art. 944 inc. 4 del CPC que disponía: “En el caso de haberse embargado la parte de un condómino en un bien indivisible o que no admite cómoda división, el otro condómino no podrá obstar a la venta del referido bien, a menos que oble la parte que corresponde al ejecutado, según la tasación respectiva”. No existe posibilidad alguna de que el otro condómino (el cónyuge no deudor en nuestro caso), impida la ejecución de la totalidad del referido bien.- Es la posición de la cátedra de Técnica Notarial, que sostiene que corresponde trabar el embargo sobre todo el bien, rematarlo, y el producido repartirlo entre el acreedor (50%) y el otro 50% reservarlo para el cónyuge administrador no deudor.-
4) El acreedor puede dirigir su acción por la totalidad de la deuda contra la totalidad del inmueble.- El bien adquirido por los dos cónyuges es administrado indistintamente por los dos cónyuges; no corresponde distinguir alícuotas, cuando ninguna norma legal prevé esa distinción.- Si el bien ganancial no fue adquirido ni fue administrado por uno sólo de los cónyuges no corresponde hacer la distinción.-
Es la posición del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 8º T. Sentencia del 4/2/92, expediente: “BROU c/TRAF C M A; LE. Daños y Perjuicios F.113/1991 (ver Rev.AEU T.91 1/12 Año 2005, pag. 140 y sg.) y también de la Esc. Susana Cambiasso, la que sostiene que el coadministrador y coadquirente responde con los bienes que adquirió conjuntamente con el cónyuge deudor.- El art. 1976 C.Civil dispone: “Ninguno de los cónyuges puede obligar los bienes gananciales cuya administración le corresponde al otro, sin el consentimiento de éste”. A contrario sensu puede obligar en la situación de una administración conjunta.- No es posible que vigente la sociedad conyugal se actúe como si ésta no existiera.- La laguna legal si es que existe, no se puede llenar con disposiciones referidas al condominio contractual, porque ese no es el régimen.- Si contra la ley que no reconoce cuotas, se rematara el 50% del bien, implicaría un condominio, primero entre el cónyuge no deudor con el mejor postor; y segundo, cuando se disuelva la sociedad conyugal, también lo será con el cónyuge deudor, porque la otra mitad también era ganancial.- Si los cónyuges optaron por adquirir y administrar conjuntamente, bajo el régimen de la sociedad conyugal, deben responder de esa manera frente a terceros, con los bienes afectados a las deudas contraídas ya sea por uno o por el otro, aunque luego entre sí, se deban recompensas.- Si el régimen legal de la sociedad conyugal aparece como injusto, está el predominio de la autonomía de la voluntad para disolver la sociedad conyugal.- Quienes aceptaron el régimen legal de la sociedad conyugal saben los riesgos y privilegios que asumen.- Luego no se puede ir contra los actos propios, porque el régimen no conviene a los propios intereses.-
Luego de exponer las distintas posiciones del caso que nos ocupa, haré algunas precisiones técnico-jurídicas:
a)En todas las posiciones se habla de coadquirente, coadministrador, administración conjunta, administración indistinta, entre otras.-
Concepto de conjuntamente: obrar juntamente, conjuntamente con otra persona (junto con).-
Concepto de indistintamente: hecho por dos o más personas de las cuales puede disponer cualquiera de ellas ej. cuenta indistinta.-
A simple vista, parece que estamos o en una forma de actuar o en otra, pero no en las dos al mismo tiempo, es decir, o es conjunta o es indistinta, lo que implica que no podríamos estar al mismo tiempo en una administración conjunta e indistinta a la vez.-
Si bien el régimen de sociedad conyugal funciona como de separación, es decir, cada cónyuge administra en forma separada, indistinta y exclusivamente los gananciales que él adquirió, los bienes adquiridos por ambos cónyuges son administrados en su totalidad por ambos cónyuges en forma conjunta y no en forma indistinta ya sea en su totalidad o en una cuota parte indivisa de la mitad cada uno.-
También es ajeno al concepto de administración conjunta, la administración alternativa, o sea la que podría actuar como administrador del inmueble cualquiera de los cónyuges en forma alterna, uno u otro, sin distinción, situación que en la práctica sería muy perjudicial para la seguridad jurídica, pues, por ej. en los casos de arrendamiento rural o urbano de un bien ganancial administrado por ambos cónyuges, si la administración fuera indistinta cualquiera de éstos podría por su parte otorgar contratos de arrendamiento por la totalidad del inmueble o la mitad indivisa al mismo tiempo con diferentes arrendatarios.- Por ej.: el cónyuge A arrienda el bien a P y al mismo tiempo el cónyuge B arrienda el mismo bien a Q.- Lo correcto de acuerdo a lo que nosotros entendemos por administración conjunta es que los cónyuges A y B arrienden el bien común a P, o a Q o a quien fuera.-
b)Al sostener la posición 2 de que el bien ganancial adquirido y administrado por ambos cónyuges, se le aplicarían las reglas de “condominio contractual de tipo romano”, que se quiere decir con esto.- En el derecho Romano el concepto de condominio o copropiedad se da cuando varias personas son propietarias de una misma cosa.- Celso afirmaba “que no era posible una propiedad o posesión ejercida solidariamente por dos sujetos sobre una misma cosa”.- Este principio corresponde al concepto de propiedad exclusiva que tenían los romanos. Sin embargo, los juristas admiten una situación de indivisión de una cosa común que prácticamente se concibe como una propiedad dividida en cuotas ideales: “el dominio de toda la cosa se concibe como atribución de partes”.- Las decisiones jurisprudenciales reflejan esta concepción abstracta de la propiedad dividida en cuotas ideales.- Ulpiano sostenía que las partes indivisas se conciben más por el intelecto que por división material.- La figura más antigua de condominio se daba entre los herederos al morir el “paterfamila”, en esta comunidad de derecho antiguo predomina el principio de la solidaridad en la facultad de disposición.- Cada condueño tiene pleno poder de disposición sobre la totalidad de la cosa, por ello cualquiera de ellos puede vender los bienes.- Esta facultad de disposición sólo está limitada por el derecho de veto de los demás condueños.- En el derecho clásico romano predomina el sistema de la propiedad indivisa (pro indiviso), donde cada condueño, al ser titular de una cuota ideal, dispone libremente de su propia cuota, y en cuanto a los beneficios y cargas de la cosa común, participa en proporción a su cuota.- (existen numerosos casos sobre actos de disposición en la cuota, acción de reivindicación de cuota, usufructo de cuota, etc.).- Cuando la disposición tiene por objeto un derecho indivisible o que no puede fraccionarse en partes por ej. una servidumbre, se exige la decisión conjunta o mancomunada de todos los propietarios.- Cada condómino puede realizar los actos de uso o administración, siempre que no lo impida, con su veto o prohibición otro condueño.- En el derecho de Justiniano, sólo se admitía el veto o “ius prohibendi”, cuando redunda en beneficio de la comunidad y se exige la intervención del juez para los actos de disposición.- La afirmación de que Justiniano imponía la decisión por mayoría de cuotas no aparece en ningún texto, la utilidad objetiva debe ser apreciada judicialmente; tampoco se considera exacto decir que la unanimidad se exigía siempre.- (ver Derecho Privado Romano, Casos. Acciones. Instituciones. De Manuel Jesús García Garrido, 16° edición pag.158-159).-
Como podemos apreciar, ni siquiera en el derecho romano clásico, ni en el de Justiniano, el condómino puede usar y administrar el bien, y en su caso disponer de su cuota, pues siempre existe latente como límite el veto de los demás, el que no se basa en la mayoría de cuotas, ni en la unanimidad, sino en la utilidad objetiva apreciada judicialmente.-
A mi entender estamos muy lejos de aceptar jurídicamente hablando, que a nuestro sistema de sociedad conyugal se le pueden aplicar por analogía estas reglas que regular el condominio de tipo romano, hablando de cuotas partes indivisas, cuando se nos presenta un inmueble administrado por ambos cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal; como también nos cuesta aceptar la posición que cualquiera de los cónyuges en forma individual pueda comprometer la disposición y ejecución de la totalidad del inmueble, sin ningún tipo de limitación, cuando hasta en el derecho clásico romano se habían preocupado por dichos límites.-
c)Es cuestionable considerar que durante la vigencia de la sociedad conyugal, en el caso de un inmueble adquirido por ambos cónyuges, a cada uno de ellos le corresponde una cuota indivisa (50%) de dicho bien, no solo porque en el régimen de sociedad conyugal no existen cuotas, sino porque, además, el porcentaje o cuota indivisa surge de la posterior disolución de la sociedad conyugal por la causa que fuere del caso y pago de la totalidad de las deudas sociales, hasta poder llegar al fondo líquido de gananciales.- Recordemos que en la indivisión post-comunitaria es de liquidación, primero se pagan las deudas, y lo que se reparten los cónyuges luego es la mitad cada uno del fondo líquido de gananciales, liquidación que dependerá del resultado de la partición.-
Por ello, cuando la disolución de la sociedad conyugal se origina por el fallecimiento de uno de los cónyuges, al momento de confeccionar la relación de bienes de dicho causante, no es correcto incluir la totalidad del inmueble que era ganancial, porque para poder llegar al momento de tramitar la sucesión primero hubo que liquidar las deudas de la sociedad conyugal para poder llegar primero al fondo líquido de gananciales, y así poder incluir, si corresponde, la mitad indivisa del bien a la relación de bienes del causante.-
En nuestro derecho, los cónyuges no tienen una cuota parte en los bienes que integran la sociedad conyugal, separada uno del otro, pues si fuera así, cada uno con el consentimiento del otro podrían por ejemplo: uno de ellos enajenar su cuota parte del bien y el otro enajenar la nuda propiedad y reservarse solo el usufructo, situación, no permitida por nuestro derecho, por ser la sociedad conyugal un patrimonio ganancial que es común al matrimonio sin reconocerse participación en cuotas indivisas; siendo dicho patrimonio un todo indiviso, no rigiendo las reglas de la copropiedad romana.-
d)Con respecto a sostener por parte del Esc.Enrique Arezo, de que estamos en una laguna legal, debiendo aplicar el art. 16 del Código Civil, cuesta mucho su comprensión intelectual; por el contrario, no solo que no existe laguna, sino que expresamente es una situación regulada por nuestro derecho, el bien es coadquirido, coadministrado, “en mano común” (Gesammte Hand), para nuestra posición en forma conjunta y exclusiva por ambos cónyuges y son éstos dos (junto con) los que pueden generar con sus deudas contraídas en conjunto el derecho de persecución de los acreedores, y sin duda alguna, no estamos fuera de la normativa civil establecida por el régimen de la sociedad conyugal.- Recordemos que la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal es la “propiedad en mano común”: “Gesammte Hand”, cuyas características esenciales, entre otras, son: i)la inexistencia de cuotas partes: es decir, no hay delimitación de la propiedad de cada cónyuge, solo a la disolución aparecerán las cuotas; ii)unidad patrimonial: donde los derechos de los comuneros están confundidos, sin distinción posible; iii)concurso de todos los comuneros: solo actuando juntamente todos los comuneros podían disponer del bien común; iv)el bien pertenece a todos juntos y en su totalidad.- (Ver Vaz Ferreira, Sociedad Conyugal T.I. pag. 226 y sig.).-
Consideramos erróneo sostener que el cónyuge deudor es titular de una cuota parte indivisa (50%) del bien, adquirido por ambos cónyuges, porque en la sociedad conyugal no existen cuotas.- Cuando un bien es adquirido por ambos cónyuges, ¿cómo se determina su propiedad?: i)todo el bien en su integridad y totalidad es propiedad de ambos cónyuges a la vez, sin cuotas partes; ii)su administración ni uno puede administrarlo todo, ni uno puede administrar su mitad indivisa, ambos lo deben administrar en forma conjunta (no separada ni indistinta).- Cuando el bien es adquirido por ambos cónyuges, la administración no es indistinta, sino conjunta entre los dos cónyuges por el bien en su totalidad, entero como fue adquirido por ambos.- Aquí a nuestro entender está la distinción, que permite sostener nuestra posición y el error de interpretación de las dos posiciones doctrinarias principales.-
Es tan legal esta posición, como legal también lo es el límite del derecho de persecución de los acreedores cuando el cónyuge deudor no es el administrador del inmueble que se quiere embargar y ejecutar.- En estos casos existe la carga legal de parte del acreedor de averiguar o asesorarse al momento de otorgar el crédito de saber si podrá, para el caso de incumplimiento agredir dicho inmueble o no.-
La inembargabilidad del bien que sostiene el Esc. Enrique Arezo, no surge por la voluntad caprichosa de la actuación individual de uno de los cónyuges, sino por disposición legal, que establece que la deuda debe contraerse por ambos cónyuges, para que se configure el puente imaginario que permita al acreedor llegar a embargar y ejecutar dicho inmueble.-
En nuestro derecho existen muchos ejemplos de administración conjunta, necesaria para que surja la responsabilidad de la parte o de los bienes con los que se quiere actuar, por ejemplo en las sociedades comerciales, si se pacta en el estatuto o contrato social que la administración y representación será por dos personas actuando en forma conjunta; en el caso de la representación del menor sometido a patria potestad por ambos padres, etc.-
Por eso decimos con fundamento, que a la hora de otorgar un estado de responsabilidad patrimonial en una institución financiera, de firmar un vale, etc., el acreedor deberá tener presente, si el bien es ganancial administrado por ambos cónyuges, que los documentos deberán ser otorgados y suscriptos por ambos cónyuges, no siendo suficiente que lo haga uno de ellos en forma individual y separada declarando el 100% del bien, pues, dependiendo de la posición que decrete la justicia, quedará la ejecución de su crédito a la suerte de aquella.-
Sostener que en el caso planteado existen cuotas: implicaría que sería los mismo si fuera el caso de que dos cónyuges separados de bienes adquirieran los dos un inmueble en común pro indiviso y por partes iguales, pues aplicando la posición mayoritaria, antes expuesta, el acreedor en ambas situaciones bien distintas jurídicamente, llegaría al mismo resultado, rematar la mitad indivisa del bien.- Y por cierto, no es lo mismo, en éste último caso, cada cónyuge tiene la propiedad de la cuota parte indivisa del 50% del bien y administra la misma en forma separada e indistinta; en cambio en aquél otro, los dos son propietarios, los dos administran en forma conjunta todo el bien entero.- Además si fuera así, también implicaría que cambiar lo teórico, determinaría un cambio en la práctica y en la realidad, desconociendo la esencia y la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal.-
Atenta menos contra el orden jurídico, y es más adecuado con la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal, considerar que cuando un bien es adquirido por ambos cónyuges, la administración en vez de ser separada e indistinta, es conjunta por la totalidad del bien; que sostener sin fundamento legal alguno, que cada cónyuge administra su cuota parte indivisa de dicho bien (no hay cuotas partes en la sociedad conyugal).- En nuestra posición, si los dos administran en forma conjunta todo el bien, implica que: tienen que actuar los dos, no sólo para enajenarlo o gravarlo, sino también para alquilarlo, para hacer arreglos, reformas de construcción y planos, para ocuparlo, abonar los tributos, etc..-
Por el contrario, nosotros entendemos que el art. 1976 del C.Civil cuando establece que “Ninguno de los cónyuges puede obligar los bienes gananciales cuya administración le corresponde al otro, sin el consentimiento de éste”., determina claramente que estamos en presencia de una administración conjunta, si actúa uno sólo de los cónyuges, estaría faltando el consentimiento del otro, para que el bien quede afectado como garantía de dicha obligación.-