Consulta
Sr. Presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay
Presente.-
El abajo firmante, se dirige a dicho organismo a los efectos de solicitar se reciba el presente trabajo, a la espera de una posible unificación de criterios, con respecto a la aplicación práctica del tema siguiente:
Estudio del artículo 1975 del Código Civil (redacción adaptada al texto del art.4º Ley 10.783), derecho de persecución de los acreedores, su ambito de aplicación y vigencia).-
Dicho artículo establece que: "Durante la vigencia de la sociedad conyugal, los acreedores de un cónyuge podrán hacer efectivos sus derechos sólo contra sus bienes propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial; sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el cónyuge a la sociedad o la sociedad al cónyuge."
Dicho artículo se encuentra en el cuerpo normativo atinente a la administración ordinaria de la sociedad conyugal, y se refiere al derecho de persecución que tienen los acreedores frente a los cónyuges, estableciendo que los acreedores sólo podrán hacer efectivos sus créditos: a)contra los bienes propios del cónyuge que contrajo la deuda y b)contra los bienes gananciales administrados por dicho cónyuge.- Es decir, cada cónyuge responde con sus bienes propios y los gananciales administrados por él por ley o por capitulación matrimonial.- La prohibición a los acreedores en poder dirigirse contra todo el patrimonio ganancial implica que nuestro régimen legal es de participación y comunidad diferida que funciona como un régimen de separación absoluta, y que recién llegado el momento de la disolución de la sociedad conyugal, se regirá como una comunidad.-
Para el Doctor Vaz Ferreira en el “Tratado de la Sociedad Conyugal”: “La explicación teórica de esta situación podría quizá facilitarse recurriendo a la doctrina germana que distingue, como elementos de la obligación, la deuda (Schuld) de la responsabilidad (Haftung), de conformidad con la fórmula: obligación = deuda + responsabilidad. En efecto: deudor es el marido, pero la responsabilidad se extiende a cosas que pertenecen en parte a la mujer, en el sentido de que ellas están sujetas al poder de agresión del acreedor (Zugriftsrecht)”.- A los efectos de la aplicación del referido artículo legal, supongamos que AA y BB están casados entre sí y se encuentra vigente la sociedad legal de bienes. Que AA es el cónyuge administrador de un automotor y que BB tiene un embargo genérico.- Es claro que dicho vehículo puede ser enajenado por AA y BB a favor de un tercero, pues el acreedor embargante no tiene acción alguna contra el bien administrado por el cónyuge no deudor.-
Dicha situación no fue alterada por la exigencia del Artículo 27 de la ley 16.871 de la conformidad conyugal para enajenar o gravar automotores de naturaleza ganancial, pues se considera que dicho consentimiento es una exigencia impuesta por las reglas internas que rigen la sociedad conyugal, cuyo fundamento consiste en permitir al cónyuge no administrador a que intervenga en la enajenación y/o gravamen de los bienes estimados como muy valiosos.- Es decir, impedir que dichos bienes puedan salir o ser gravados, con el simple consentimiento del cónyuge administrador (en general y por el contrario la regla en esta materia es: cada cónyuge dispone de los bienes gananciales que administra con excepción de los indicados en el art.1971 del Código Civil, inmuebles, casa de comercio, establecimiento agrícola o ganadero, explotación industrial o fabril.- (ver Rev. AEU Tomo 82 pag. 100, 191 y 323, Tomo 83 pag.290, Tomo 84 pag.258, y Tomo 85 pag. 389 y 483).-
Si bien considero poco adecuado interpretar leyes del derecho de fondo con las normas fiscales, quisiera agregar a los solos efectos informativos que de acuerdo a la resolución Nº55 del 22 de marzo de 2000 de la Dirección General de Registros, se estableció en el resultando I)que del análisis de las posiciones doctrinarias sustentadas sobre la base del derecho de fondo, se puede concluir, ya se trate de conformidad o enajenación, en ningún caso podrán los acreedores ir contra los bienes del cónyuge no administrador; y en la resolución 1º)No corresponde el contralor de la declaración negativa o certificado del Banco de Previsión Social, al cónyuge no administrador, para los casos de enajenaciones o gravámenes de los bienes referidos en el artículo 1971 del Código Civil y 27 de la ley 16.871.- No es necesario considerar que el cónyuge no administrador no enajena, sino que consiente la venta, para ponerlo al abrigo de los acreedores, pues es la misma ley la que lo establece; por tal motivo no sería necesario pedir información en sección interdicciones por los embargos genéricos por el cónyuge no administrador y si se pide y surgen los mismos, hay que descartarlos, (se aclara que sí se debería pedir por la sección en caso de incapacidad).- También se considera que es el cónyuge administrador en caso de venta el que debería recibir todo el precio y responder por evicción por ser el administrador.-
La claridad del artículo 1975 del Código Civil es meridiana, sin embargo a la hora de su aplicación notarial es cuando surgen las dificultades.- Es decir, en el ejemplo que relacionamos anteriormente, nosotros como escribanos actuantes observamos la titulación, por la existencia de un embargo genérico que pesa sobre el cónyuge no administrador, basándonos principalmente por el principio de la seguridad jurídica, pues a pesar de ser conocedores del alcance limitado del derecho de persecución de los acreedores, sabemos que nuestro cliente, el comprador de dicho bien, adquiere un vehículo cuya titulación va ha ser observada casi con seguridad ya sea por otro colega en caso de venta y/o gravamen posterior, ya sea por el escribano del banco a la hora de tramitar un préstamo bancario.- Significando esto, el consiguiente reclamo de nuestro cliente, quien nos podrá decir con seguridad que trabajamos mal o que no sabemos nada, etc., etc..-
Otra situación negativa, siguiendo el ejemplo que tomamos anteriormente, sería el hecho de que el abogado del acreedor embargante, aunque tenga conocimiento de que su cliente está limitado en el derecho de persecución, simplemente puede iniciar acciones judiciales, y solicitar el secuestro del vehículo y la traba de embargo específico del mismo.- Sabido es que tal acción tiene solamente como única motivación la de causar daño, con el simple hecho de que la autoridad policial se constituya en su domicilio y retire dicho vehículo.- (“El embargo afecta a la facultad de disponer del derecho; el secuestro afecta al objeto material del derecho embargado. Se concibe al primero sin el segundo, pero no inversamente”.- “En materia de bienes muebles, el secuestro suele acompañar al embargo; en materia de bienes inmuebles, no es normal, pero en algún caso puede el acreedor tener interés en evitar que se deteriore la finca y en tal caso es procedente.-“ José Sánchez Fontans – Enajenación de cosa embargada).-
Situación un poco más complicada es la inscripción en el Registro Mobiliario, Sección Automotores del embargo específico, porque el Registro inscribe igual dicho oficio pues dicho organismo no entra en el estudio del derecho de fondo del asunto.-
Pero en una y otra situación, sabemos que en la práctica judicial las mismas se dan y constituyen razones de peso a la hora de evaluar la documentación del caso.-
Lo referido, implicaría que nuestro cliente debería contratar los servicios de un abogado, e iniciar una acción de tercería de dominio o de exclusión, y solicitar se le devuelva el vehículo secuestrado.-
Situación que se evitaría si los juzgados exigieran previamente a la orden de secuestro y embargo, el control del cumplimiento con el artículo 1975 del Código Civil, evitando producir perjuicios que son injustos e ilegales, implicando un caso de responsabilidad judicial por el dictamen de resoluciones totalmente ineficaces, ilegales, y dañinas para los individuos.-
Con respecto a los inmuebles, suponiendo el ejemplo:
que los cónyuges AA y BB vigente la sociedad conyugal, AA es el cónyuge administrador y BB es el cónyuge deudor embargado genéricamente, una vez iniciado el trámite ejecutivo, la Oficina Actuaria va a observar la titulación y suspender las actuaciones, por carecer el acreedor de derecho de persecución frente al inmueble ganancial administrado por el cónyuge no deudor.-
En uno y otro caso, si se tratara de embargos genéricos contra el cónyuge no administrador, correspondería el descarte notarial de los mismos, sobre la base de lo dispuesto por el artículo en estudio.-
Con respecto a los bancos, es comprensible que observe la titulación en caso que se quiera gravar un inmueble o un automotor por el cónyuge administrador, no deudor, pues si bien en el momento de dicho otorgamiento el derecho de persecución del acreedor embargante está limitado, podría suceder que durante el transcurso del cumplimiento del crédito se disuelva la sociedad conyugal y desaparezca la barrera que impedía al acreedor accionar contra dichos bienes.-
Pero más difícil de entender es la negativa de las entidades financieras en los siguientes casos: a)compraventa por intermedio de préstamos, pues en dicho caso, el escribano actuante, tiene la certeza que cuando se otorga la enajenación la sociedad conyugal de los vendedores aún se mantiene vigente, por lo tanto también se mantente vigente el límite del derecho de persecución de los acreedores embargantes del cónyuge no administrador; y b)cuando el embargo del cónyuge no administrador, corresponde a un título antecedente (y la sociedad conyugal vigente a la fecha de dicha enajenación), dentro de los últimos 30 años, y que existen posteriores enajenaciones.- Fácil de entender es que la entidad que presta el dinero es la parte que impone los requisitos, los que en la mayoría de los casos no se pueden discutir, solamente aceptar, como por ejemplo cuando exige a los deudores hipotecarios la firma de las declaratorias conjuntamente con las hipotecas.-
En nuestra práctica notarial, nosotros también podemos no aceptar la titulación en los casos antes mencionados, por las distintas razones antes mencionadas y/o por otras, las que son o no defendibles, de acuerdo a nuestro saber y entender y sentido común, pero en lo que no podemos dudar es en la vigencia de dicha disposición legal, la que de acuerdo con el artículo 9 del Código Civil, no puede ser derogada, sino por otra ley y no valdrá alegar, contra su observancia, el desuso ni la costumbre o práctica en contrario.-
Si a dicha disposición legal no la aplicamos, por seguridad jurídica, para evitar que sea observada por otros colegas y/o bancos, es una cosa, pero no porque no esté vigente.- (“El derecho positivo es un objeto hecho por el hombre, pero no puede ser elaborado arbitrariamente, tiene que servir a ciertos fines, tiene que desarrollarse de acuerdo a ciertos principios y garantir su realización.-“ “Que los intereses obnubilen la intuición de lo justo, no significa que sea imposible llegar a obtenerla. También en las ciencias la pasión y los prejuicios obstaculizaron muchas veces la conquista de la verdad.-“Juan LLAMBIAS DE AZEVEDO. Algunas reflexiones sobre la justicia y el problema del principio del derecho).-
Recordemos el principio de legalidad establecido en el artículo 10 de la Constitución que establece: "...Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.", podemos decir que "son las leyes y no los hombres los que gobiernan".- Duguit sostenía que el principio esencial protector del individuo es que ninguna decisión individual puede ser jamás adoptada sino dentro de los límites determinados por una ley material anterior y que una sociedad que no lo reconoce o que reconociéndolo, le introduce reservas o excepciones, no vive verdaderamente bajo un régimen de estado de derecho".- Demás está decir que en la Constitución están establecidos los distintos procedimientos formales para la sanción de las leyes y cuales son los órganos competentes para dictarlas, temas que no trataremos aquí, pero que si determinan donde y en quienes radica la potestad legislativa al fin.-
En base a lo antes expresado, podemos afirmar que la no aplicación del artículo del Código Civil que estamos estudiando, podría generarnos un enfrentamiento jurídico con otros colegas que si lo aplican, hasta nos podrían decir y con razón: ¿Escribano, el Código Civil todavía no llegó a Carmelo?" y/o ¿Usted pertenece al “Club del Escribano Torpe”?.-
Para los Escribanos que no aplican el artículo en cuestión, deberían advertir que si no quieren encontrarse en la situación de tener que aplicarlo forzadamente y en contra de su voluntad, no deben establecer en los distintos contratos que redacten, la cláusula de que si se formularen observaciones, que no aceptare la promitente vendedora, esas observaciones serán sometidas a la opinión inapelable de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos, pues, demás esta decir que ésta, sí lo aplica a dicho principio y que si se dan los presupuestos precedentemente analizados, dicha consulta será vinculante para las partes y para el escribano actuante.- Entonces dicha situación nos enfrentaría con la opción: o aceptamos la titulación y deberíamos escriturar un bien cuya titulación será observada por colegas o bancos; o no aceptamos la titulación y nuestro cliente debería pagar la multa pactada en el contrato de reserva del caso.-
Más allá de las distintas posiciones, podemos asegurar que el Derecho es una ciencia, y como tal, tiene un método científico, y si no partimos de elementos teóricos, no vamos a poder tomar decisiones prácticas con fundamento, o en su lugar, por tener en cuenta el principio de seguridad notarial, a través de la aplicación del mismo, muchas veces incumplimos las normas jurídicas claras que todavía se encuentran vigentes.-
No podemos actuar en la vida notarial, como si no existieran normas que regulan estos casos en particular al solo pretexto de no chocar contra futuras observaciones de colegas o contra las normas bancarias.-
(“En la práctica jurídica prima el razonamiento jurídico y el problema consistirá en determinar las reglas que son aplicables a un determinado caso.-“ “Desde el punto de vista práctico, interpretar las reglas en vigor estableciendo su sentido, implica más que saber leer el texto o los documentos sometidos a consideración del intérprete, saber razonar para determinar las consecuencias de las reglas aplicables.-“ J.Antonio PRUNELL. Práctica y Didáctica del Derecho).-
Analizando la parte patológica en la aplicación práctica de este tema, podríamos pensar que cuando se da el ejemplo antes visto, dicho bien al no poder ser enajenado o gravado por ser observada su titulación y al no poder ser ejecutado judicialmente por la aplicación del artículo en estudio, esto colocaría al bien en un estado de “garantía pero a la inversa”, es decir, no se podría ni vender ni gravar si su propietario lo deseara lo que implicaría una relativa y precaria seguridad de que el mismo permanecerá en su patrimonio, mientras esté vigente la sociedad conyugal de bienes.-
Así como reclamábamos anteriormente una mejor actuación judicial al respecto, también podríamos optar en proponer dos cosas:
a)la derogación expresa de dicho artículo a los efectos de que desaparezca la presente discusión y los acreedores tengan libre acceso a hacer efectivo los embargos contra todos los bienes ya sean propios o gananciales de cualquiera de los cónyuges, ya sean bienes propios o gananciales administradores por cualquiera de ellos); o
b)la modificación de dicho artículo y/o el dictado de nuevas normas jurídicas que impliquen más garantías al individuo, y establezcan:
1)la prohibición judicial de librar oficios de embargos y secuestros, en los casos que sean de aplicación de la norma legal estudiada; y
2)que el sector bancario tenga todas las garantías que le permita conceder los préstamos solicitados, lo que posibilitaría un mejor tráfico jurídico de los bienes que se encuentren en las situaciones referidas.- Esta última situación daría más eficacia a la norma jurídica en cuestión, más seguridad jurídica y más justicia, a la hora de igualar el tratamiento y aplicación del principio.-
Como la presente consulta no tiene como objeto un caso especial, simplemente hago referencia a casos anteriormente tratados por la Comisión de Derecho Civil, por lo tanto el derecho aplicable es el relacionado en el presente trabajo.- Habiendo quedado expresada mi inquietud teórico-práctica del asunto, se consulta: 1)¿existe la posibilidad de unificar criterios que posibiliten un trabajo notarial más seguro frente a las instituciones bancarias y los demás colegas?.- 2)¿la inseguridad jurídica no es provocada en estos casos por nosotros mismos al no aplicar leyes claras y expresas?.-
3)¿qué significado tiene la vigencia de una norma jurídica, cuya efectividad y aplicación se encuentra tan comprometida y si sería conveniente o no, viendo la cantidad de embargos que existen en la realidad, de que dicha norma jurídica se modifique o sustituya, para terminar de esta manera con la dualidad de criterios y terminemos la presente discusión?.-
4)¿la práctica notarial del artículo en cuestión no genera un enfrentamiento teórico-práctico, que implica una incoherencia con nosotros mismos y con nuestros principios, (pienso una cosa, pero hago otra), en la cual ninguna de las posiciones que adoptemos nos deja convencidos, como Escribanos que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible?.-
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta, saluda a usted, muy atte.-